Si estás buscando información sobre la jornada laboral 35 horas funcionarios, seguramente quieres saber si esta reducción está en vigor, a qué administraciones afecta, cómo se aplica en tu comunidad autónoma o ayuntamiento, y qué puedes hacer si tu organismo no la respeta. Este artículo resuelve esas dudas con base en la normativa laboral española vigente y en los criterios aplicados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) cuando existe personal laboral implicado.
La jornada de 35 horas semanales para empleados públicos ha sido objeto de debate y de aplicación desigual entre administraciones desde hace años. No existe una norma estatal única y homogénea que obligue a todas las administraciones públicas españolas a aplicar 35 horas: depende de la normativa presupuestaria estatal, de los acuerdos autonómicos y de los convenios o acuerdos de cada administración local.
¿Qué dice la normativa vigente sobre la jornada de los funcionarios?
El Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, EBEP) establece en su artículo 47 que la jornada de trabajo del personal al servicio de las Administraciones Públicas será la que se determine en cada administración, respetando la duración máxima de la jornada ordinaria fijada por la normativa básica estatal en materia de función pública.
Durante años, las leyes de Presupuestos Generales del Estado fijaron la jornada general en 37,5 horas semanales para el personal del sector público, permitiendo excepciones cuando existieran acuerdos previos que ya reconocieran una jornada de 35 horas. Algunas comunidades autónomas y ayuntamientos han mantenido o recuperado la jornada de 35 horas mediante acuerdos propios, siempre que dispongan de margen presupuestario y competencial para ello.
¿Está aprobada la jornada de 35 horas para todos los funcionarios en España?
No existe, a fecha actual, una ley estatal que generalice de forma automática las 35 horas semanales a todo el empleo público español. La aplicación depende de:
- La normativa presupuestaria estatal vigente en cada ejercicio.
- Los acuerdos o pactos de función pública de cada comunidad autónoma.
- Los acuerdos, convenios colectivos o pactos de condiciones de trabajo de cada ayuntamiento, diputación u organismo público.
Por ello, es imprescindible consultar el acuerdo de condiciones de trabajo o convenio aplicable en tu administración concreta, ya sea la Junta de Andalucía, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Madrid o cualquier otro organismo, antes de dar por hecho que la reducción se aplica.
Diferencia entre personal funcionario y personal laboral en la administración
Es importante distinguir dos regímenes jurídicos distintos dentro del empleo público:
Personal funcionario
Se rige por el EBEP y por la normativa específica de función pública. Sus condiciones de jornada se fijan por vía reglamentaria, presupuestaria o mediante acuerdos entre la administración y los representantes de los empleados públicos.
Personal laboral al servicio de las administraciones
Se rige por el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015) y por el convenio colectivo que le sea de aplicación. En este caso, si existe un convenio que reconozca 35 horas semanales, su incumplimiento por parte del organismo empleador puede dar lugar a una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, igual que ocurriría en el sector privado.
¿Qué puede hacer un empleado público si no se respeta la jornada acordada?
Cuando la jornada aplicable —sea de 35 o de 37,5 horas— no se respeta, o se exige la realización de horas adicionales sin la compensación prevista, existen varias vías:
1. Reclamación interna en el organismo
El primer paso orientativo es dirigirse a los servicios de personal o recursos humanos del organismo, así como a los representantes sindicales o comité de empresa, para solicitar la aplicación correcta de la jornada pactada.
2. Denuncia ante la Inspección de Trabajo (personal laboral)
Si se trata de personal laboral y existe un convenio colectivo que reconoce la jornada de 35 horas, el incumplimiento por parte del organismo empleador puede denunciarse ante la ITSS. La Inspección puede iniciar actuaciones de comprobación y, en su caso, levantar acta de infracción conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS, Real Decreto Legislativo 5/2000).
3. Vía administrativa y contencioso-administrativa (personal funcionario)
Para el personal funcionario, la reclamación por incumplimiento de jornada se tramita habitualmente por vía de recurso administrativo ante el propio organismo y, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, dado que no resulta aplicable el procedimiento laboral ordinario.
Plazos orientativos de reclamación
Los plazos dependen de la vía elegida y de si existe un acto administrativo expreso que se pueda recurrir:
- Recurso de reposición o alzada: generalmente 1 mes desde la notificación del acto que se impugna.
- Recurso contencioso-administrativo: 2 meses desde la resolución expresa o desde el silencio administrativo, salvo excepciones.
- Denuncia ante la ITSS: puede presentarse en cualquier momento mientras persista el incumplimiento, sin perjuicio de los plazos de prescripción de infracciones fijados en la LISOS.
Estos plazos son orientativos y conviene verificarlos con un profesional del derecho laboral o administrativo antes de actuar, ya que cada procedimiento tiene particularidades según el organismo y la comunidad autónoma implicada.
Ejemplo práctico orientativo
Imaginemos un supuesto orientativo: un ayuntamiento de un municipio mediano en la Comunidad de Madrid tiene un acuerdo de condiciones de trabajo que reconoce 35 horas semanales para su personal laboral, pero un nuevo equipo de gobierno empieza a exigir 37,5 horas sin modificar formalmente dicho acuerdo. En este escenario orientativo, los trabajadores afectados podrían solicitar la aplicación del acuerdo vigente y, de no obtener respuesta, plantear denuncia ante la Inspección de Trabajo de la provincia correspondiente, sin que ello garantice un resultado concreto, ya que cada caso depende de sus circunstancias y de la prueba disponible.
Preguntas frecuentes sobre la jornada laboral de 35 horas para funcionarios
¿Los funcionarios tienen 35 horas semanales en toda España?
No de forma general y automática. Depende de la normativa presupuestaria estatal vigente y de los acuerdos específicos de cada comunidad autónoma o administración local.
¿Qué diferencia hay entre jornada de 35 y 37,5 horas para empleados públicos?
La diferencia principal es el número de horas semanales de trabajo efectivo, lo que puede afectar a la organización de turnos, al cálculo de horas extraordinarias y a la conciliación de la vida laboral y familiar.
¿Puede un ayuntamiento aplicar 35 horas aunque el Estado fije 37,5?
Dependerá del margen competencial y presupuestario de cada administración y de si existía previamente un acuerdo reconociendo esa jornada reducida, respetando la normativa básica estatal aplicable en cada momento.
¿Qué pasa si mi jornada pactada de 35 horas no se respeta?
Puedes reclamar internamente, acudir a la representación sindical y, según seas personal laboral o funcionario, denunciar ante la Inspección de Trabajo o recurrir por vía administrativa.
¿La Inspección de Trabajo puede sancionar a una administración pública?
Sí, cuando actúa como empleadora de personal laboral y se detectan incumplimientos de convenio o de normativa laboral, la ITSS puede levantar acta de infracción conforme a la LISOS, igual que con cualquier otro empleador.